Carta de Mónica Fernández (Foro Penal Venezolano)

Este post me lo traje directo de la casa virtual de mi amiga Meganeni, porque creo que debe ser difundido, sin absolutamente nada que agregar, a la lectura vamos:

“La actitud de la Sra. Diputada Desiree Santos Amaral en el seno de la Asamblea Nacional el día de hoy, solicitando se me prive de la libertad, y aprobando enviar un oficio al Ministerio Público para que se reactive el caso por el cual fui imputada en el año 2004, sólo se constituye en una muestra más de la absoluta falta de independencia entre los Poderes Públicos, palpable al observar cómo el Poder Legislativo pretende darle una orden al Ministerio Público en un franco abuso de autoridad y en una clara intromisión de funciones con aquellas que le corresponderían al Fiscal General de la República.
Habla Santos Amaral que es impunidad tenerme en la calle, que es impunidad dejarme ejercer mi profesión, y peor aún permitírseme hablar de Derechos Humanos. Usar la palestra de la Asamblea Nacional para cubrirse por detrás de la inmunidad parlamentaria, o recurrir a programas de televisión cuya finalidad son la difamación, envolverse en el manto de la autoridad para arremeter como fieras contra quienes piensan distinto, es la más clara muestra de su debilidad.
El proceso penal injusto que se abrió en mi contra en el año 2002 ha pasado 5 años pendiendo sobre mi cabeza, pero creo que es importante recordarle a la Sra Amaral y al resto de aquellos que se han sentido afectados por mis acciones este fin de semana en defensa de los estudiantes y del profesor Marcos Carrillo, así como mi permanente denuncia sobre la politización de las instituciones, que posterior a la reapertura de ese proceso fui llamada por el mismo Tribunal Supremo de Justicia en comisión de servicio, elaboré allí el proyecto de Código Penal, fui felicitada por la Sala Plena, por haber obtenido el premio Joven Sobresaliente del Mundo 2003. Ni siquiera fui objeto de un procedimiento disciplinario administrativo por el Poder Judicial, al punto que fui yo quien renuncié al Poder Judicial, nadie me destituyó, para su frustración. Es sólo en el 2004 cuando un fiscal arbitrario, el mismo que inventó un testigo para el caso Anderson, el mismo que hoy está acusado por abuso de autoridad y uso indebido de arma de fuego, que me imputa por privación ilegítima de libertad, delito que jamás cometí porque actué en absoluto cumplimiento de mis funciones, lo que mantuve firmemente el 12 de abril de 2002 y mantendré hoy y siempre, pues no tengo nada que esconder a diferencia de quienes se escondían temerosos durante esos días, o de los jueces aún activos hoy que rompieron órdenes de allanamiento en blanco, cuando ustedes regresaron al poder que habían abandonado. Nunca tuve participación en otro allanamiento distinto al de una residencia donde los vecinos presumían la existencia de armas, en el cual resultó estar oculto quien, según Lucas Rincón Romero, ya no era Ministro del Interior y Justicia. Si hubiese cometido algún delito el Ministerio Público no debería tardar tanto tiempo en culminar la investigación, por el contrario he sido yo quien le ha exigido a los fiscales del caso que presenten el acto conclusivo, por ende Sra. Diputada, si en este momento, y conforme a su malintencionada solicitud, el caso se reactiva en mi perjuicio la opinión pública nacional e internacional tendrán un claro elemento más que agregar a las irregularidades cometida por el régimen político al cual usted representa, recordándole que según la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que ustedes mismos hicieron, los delitos por violación de Derechos Humanos no prescriben y en consecuencia tanto usted como los suyos pueden ser procesados por instancias nacionales e internacionales cuando las circunstancias políticas permitan que la Democracia vuelva a su cauce en un país humillado por quienes utilizan el poder para dañar, para destruir y no para construir.
Sra. Diputada Santos Amaral, impunidad es que haya 16mil muertos en un año, más de 100 mil en el período político de su Presidente. Impunidad es que el Defensor del Pueblo no se pronuncie sobre violación de Derechos Humanos, impunidad es que haya jueces sumisos, sin credenciales, sin decisión; impunidad es que haya magistrados en el Tribunal Supremo de Justicia que están inhabilitados por la ley para estar allí por haber sido destituidos. Impunidad es Sra. Diputada que haya programas de televisión que se dedican a humillar a la gente, impunidad es que los hospitales no funcionen, que los policías maten y roben, que los delincuentes tengan cargos de jerarquía, impunidad es no procesar a los corruptos, impunidad es cerrar un canal sin fundamento y además robarle sus equipos, impunidad es pegarle a un profesor en un estadio y que no detengan al agresor, impunidad es escupir a alcaldes y no procesar la denuncia. Si quiere podría seguir anotando páginas y páginas de las verdaderas impunidades ante las cuales ni usted ni los suyos han enviado oficios al Ministerio Público ni menos aún a la Defensoría del Pueblo.
Por mi lado aún y cuando llevo 5 años sometida a un proceso penal injusto, y he sido calificada como perseguida política por instancias y organizaciones no gubernamentales internacionales, sigo fiel a mis principios, a mis valores, a mis creencias, orgullosa hoy y siempre de mis actuaciones profesionales, con un aval curricular que le invito a revisar y con una trayectoria intachable que no será destruida jamás ni por usted ni por ninguno de quienes usan su poder para humillar.
Su inquietud sobre los fondos del Foro penal Venezolano quizá la lleve a contribuir con nosotros, pues no recibimos fondos de absolutamente nadie, no todo el mundo busca hacer patria por la cantidad de dinero que reciba, eso es muy típico de quienes están en el poder para dañar, no de los activistas de Derechos Humanos. Nuestro mayor financiamiento son nuestras credenciales, nuestra honorabilidad, nuestra conducta y por sobre todas las cosas nuestra moral, cosa que dudo otros puedan reunir en un solo equipo.
Le agradezco profundamente su reacción, pues tengo un documento más que anexar al expediente que instruyo para el futuro, pues sí creo en el futuro, si creo en la denuncia, si respeto al otro, si soy un ser humano capaz de no colocar rodilla en tierra como un títere, pues prefiero ir presa, o morir, antes que sacrificar mis ideales y mis valores. No será usted, ni el Ministerio Público, ni nadie quien logre el cese de mi conducta pública, frontal y transparente en contra de la violación de Derechos Humanos.
Ha demostrado una vez más que son ustedes quienes no tienen tolerancia, que son ustedes quienes no admiten su responsabilidad en la violación de Derechos Humanos y una vez más me siento reconfortada porque los días y noches que invierto en luchar por la paz, por la libertad y por la justicia en mi país dejan perturbados y muy molestos a quienes le duelen las verdades y sólo saben enfrentarnos abusando.
Diputada Santos Amaral no importa cuan duro pretendan darnos lo importante es resistir sin doblegarnos, aunado a lo anterior si bien la justicia humana a la que usted llama a intervenir no existe en este país, la justicia divina está siempre presente y sólo ante ella responderemos todos. Mónica Fernández Sánchez
Abogado (cumlaude)
Lic Ciencias Sociales (cumlaude)
Esp Ciencias Penales y Criminológicas (sumacumlaude)
Esp Derecho Administrativo (sumacumlaude)
Profesora Universitaria dese hace 13 años
Escritora/ ponente conferencista internacional
Experto internacional en materia de seguridad
Doctorando en Ciencias UCV
Joven Sobresaliente del Mundo 2003
Directora Ejecutiva del Foro Penal Venezolano”.
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